El debido proceso y la justicia digital en el Ecuador
Palabras clave:
Debido proceso, derechos fundamentales, desafíos, justicia digital, tutela judicial efectivaResumen
Este artículo se enfoca en estudiar el debido proceso y la tutela judicial efectiva en el contexto de la justicia digital en Ecuador. El problema procesal que conduce a la investigación se basa en los desafíos que se presentan en la justicia digital ecuatoriana para garantizar de manera efectiva el ejercicio del debido proceso y la tutela judicial efectiva. El objetivo general es valorar la transformación jurídica y tecnológica del sistema judicial, desde el examen del marco normativo nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos al igual que el impacto social y práctico de la digitalización en el acceso, ejercicio y protección de los derechos fundamentales. El presente artículo examina la doctrina del derecho al debido proceso, su regulación constitucional y los criterios de la jurisprudencia interna y regional en esta materia. Asimismo, revisa el derecho a la tutela judicial efectiva y la justicia digital en cuanto a su definición, componentes, evolución, el uso de expedientes electrónicos, audiencias telemáticas, la autenticidad probatoria, la protección de datos personales y la incorporación de inteligencia artificial, los desafíos regulatorios, institucionales y culturales ligados a la brecha digital y la resistencia al cambio. Se analizan experiencias internacionales relacionadas con este tipo de justicia. La metodología empleada es cualitativa y se aplican métodos como el analítico- jurídico y el comparado, entre otros. Se concluye que la digitalización abre oportunidades para modernizar y agilizar el sistema judicial, sin embargo enfrenta desafíos para garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Por ello, para asegurar el ejercicio de estos derechos constitucionales y lograr una gobernanza tecnológica responsable, se proponen acciones como actualizar la regulación, fortalecer la capacitación digital, reducir la brecha tecnológica, promover la transparencia y adaptar buenas prácticas internacionales al contexto nacional.
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